La sentencia es vinculatoria y puede favorecer de la misma manera a todos los inculpados, afirma el diputado federal del PRD
Morelia, Mich., 31 de enero de 2010.- La liberación de los 20 ex funcionarios michoacanos que aún se encuentran detenidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado está cercana, aseguró el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés, luego de la liberación de 12 de los inculpados que se encontraban presos en el Penal de Mil Cumbres, en Morelia.
Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el representante popular indicó que el criterio establecido por el Primer Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco Guerrero, que determinó la inocencia de los 12 ex funcionarios que fueron liberados el pasado 30 de enero debe ser seguido por el juez de Distrito que sigue el caso de los 20 inculpados que siguen detenidos.
García Avilés recordó que por ser perredista, michoacano y miembro de la Comisión de Derechos Humanos ha sido uno de los legisladores que han seguido el tema más de cerca y explicó que aún hay detenidos a los que se les negó su apelación, por lo que en sus casos el juicio federal ordinario sigue su curso.
Sin embargo, advirtió que en sus casos el juez de Distrito que sigue la causa deberá tomar en cuenta la decisión del Tribunal Unitario de Circuito, ya que existe una sentencia vinculatoria en la que se establece que no hubo elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputaba a los ex funcionarios.
“Si el Tribunal Unitario no encontró los suficientes elementos para acreditar los delitos que se imputaban a los inculpados, entonces el mismo criterio se aplica para decretar la libertad del resto de los detenidos, porque un juez ordinario no puede alejarse de un criterio de la Corte”.
De acuerdo con García Avilés, la excarcelación de los 12 ex funcionarios en la madrugada del sábado fue irregular y demostró que existen fallas de comunicación y coordinación entre las autoridades federales, puesto que el retraso se justificó con el argumento de que se desconocía que los detenidos habían sido trasladados a Michoacán.
Además, consideró que en los casos de declaraciones de los testigos protegidos no se pueden aplicar criterios diferentes para unos y otros ex funcionarios, por lo que la resolución del Tribunal Unitario deberá ser tomada como precedentes y aplicarse al caso de los otros detenidos.
De la misma forma, el diputado federal del PRD sentenció que los resultados de un proceso que se inició con las declaraciones y acusaciones de un testigo protegido, que muy probablemente es un criminal sin credibilidad, deben llamar al Congreso de la Unión a hacer una revisión de esa figura legal, así como del cateo y el arraigo, entre otros aspectos deficientes de la Reforma Judicial.
Morelia, Mich., 31 de enero de 2010.- La liberación de los 20 ex funcionarios michoacanos que aún se encuentran detenidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado está cercana, aseguró el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés, luego de la liberación de 12 de los inculpados que se encontraban presos en el Penal de Mil Cumbres, en Morelia.
Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el representante popular indicó que el criterio establecido por el Primer Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco Guerrero, que determinó la inocencia de los 12 ex funcionarios que fueron liberados el pasado 30 de enero debe ser seguido por el juez de Distrito que sigue el caso de los 20 inculpados que siguen detenidos.
García Avilés recordó que por ser perredista, michoacano y miembro de la Comisión de Derechos Humanos ha sido uno de los legisladores que han seguido el tema más de cerca y explicó que aún hay detenidos a los que se les negó su apelación, por lo que en sus casos el juicio federal ordinario sigue su curso.
Sin embargo, advirtió que en sus casos el juez de Distrito que sigue la causa deberá tomar en cuenta la decisión del Tribunal Unitario de Circuito, ya que existe una sentencia vinculatoria en la que se establece que no hubo elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputaba a los ex funcionarios.
“Si el Tribunal Unitario no encontró los suficientes elementos para acreditar los delitos que se imputaban a los inculpados, entonces el mismo criterio se aplica para decretar la libertad del resto de los detenidos, porque un juez ordinario no puede alejarse de un criterio de la Corte”.
De acuerdo con García Avilés, la excarcelación de los 12 ex funcionarios en la madrugada del sábado fue irregular y demostró que existen fallas de comunicación y coordinación entre las autoridades federales, puesto que el retraso se justificó con el argumento de que se desconocía que los detenidos habían sido trasladados a Michoacán.
Además, consideró que en los casos de declaraciones de los testigos protegidos no se pueden aplicar criterios diferentes para unos y otros ex funcionarios, por lo que la resolución del Tribunal Unitario deberá ser tomada como precedentes y aplicarse al caso de los otros detenidos.
De la misma forma, el diputado federal del PRD sentenció que los resultados de un proceso que se inició con las declaraciones y acusaciones de un testigo protegido, que muy probablemente es un criminal sin credibilidad, deben llamar al Congreso de la Unión a hacer una revisión de esa figura legal, así como del cateo y el arraigo, entre otros aspectos deficientes de la Reforma Judicial.
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